El Parlamento es un lugar de intercambio de opiniones y de debates. Pero donde no sólo intervienen los legisladores: también lo hacen diversas organizaciones que representan intereses y puntos de vista sectoriales. Desde esta perspectiva, una ley suele ser el producto de un proceso deliberativo en el que participan la mayor cantidad de sectores de la sociedad. Lejos de pensar al Congreso como una “escribanía”, lo concebimos como una institución donde intervienen la mayor cantidad de voces posibles.
En la discusión del proyecto de modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por ejemplo, ya expusieron el martes pasado, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, los funcionarios del Poder Ejecutivo. Luego, hubo una ronda de preguntas, pedidos de aclaraciones y propuestas por parte de los legisladores. Otro tanto sucedió este viernes, cuando representantes de distintas vertientes del movimiento obrero --CGT, CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical de los trabajadores--, también expusieron sus puntos de vista. Ahora estamos en el paso previo a cuando las comisiones se reúnen de manera formal y emiten dictamen. Luego se pasa al recinto y allí se discute si se aprueba o no el proyecto de ley.
En 2015, cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los trabajadores y trabajadoras registrados que pagaban Impuesto a las Ganancias eran alrededor del 12 por ciento del total. En 2019, cuando se fue Mauricio Macri, el tributo alcanzaba a un 25 por ciento de esos trabajadores y trabajadoras. Es decir: uno de cuatro trabajadores y trabajadoras registrados está actualmente alcanzado, en distintas proporciones, por el Impuesto a las Ganancias. Ello sucedió pese a que Macri había prometido eliminar ese gravamen y pese al enorme recorte del poder adquisitivo que sufrieron los salarios durante su gestión. Con el gobierno de Juntos por el Cambio, los trabajadores y trabajadoras registrados perdieron dos veces: porque comenzaron a ganar menos y porque muchos tuvieron que comenzar a pagar. Ello sin considerar a quienes, además, perdieron el empleo. De convertirse en ley este proyecto, según el informe de los funcionarios del Ejecutivo que concurrieron al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, sólo alrededor del 7 por ciento de los trabajadores y trabajadoras registrados quedarían alcanzados por este impuesto. Es decir: el 93 por ciento de los mismos no tendrían que pagarlo. Algo similar ocurre con los jubilados: hoy abonan este tributo alrededor de un 4,8 por ciento del total. Pero con los cambios introducidos por este proyecto de ley, ese número se reduciría a un 2,4 por ciento.
De ser aprobada la iniciativa parlamentaria, su vigencia será, además, retroactiva al 1 de enero. Estamos hablando de alrededor de 1.287.000 personas que hasta este momento pagan el impuesto y que dejarían de pagarlo. Se trata de trabajadores y trabajadoras y de jubilados y jubiladas que no tienen altos ingresos ni gran capacidad de ahorro, por lo que el grueso de estos recursos seguramente lo destinarían al consumo y, por lo tanto, tendría un efecto reactivador. Es decir: la medida forma parte de la política global del gobierno cuyo objetivo central es que los salarios le ganen gradualmente a los precios.
Se trata de una política que debe abrirse paso en un contexto nacional y global dominado aún por la pandemia sanitaria.
La crisis producida por la expansión del virus llegó a todo el mundo. Pero no llegó a todos lados con la misma intensidad. Un año después del inicio de la pandemia, la CEPAL dejó en claro que la región más afectada fue América Latina, que “con sólo 8,4 por ciento de la población mundial, registró el 27,8 por ciento de las muertes por covid-19”. El documento estima también que más de un tercio de la población de la región se encuentra en situación de pobreza y un 12,5 por ciento en pobreza extrema, es decir, personas que ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades alimentarias.
El presidente Alberto Fernández, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, dijo que “durante el primer semestre del 2020 la pobreza aumentó en 5,4 puntos porcentuales (de 35,5 a 40,9 por ciento)”, periodo que incluye los meses de mayor confinamiento. Luego aclaró que “en esta crisis inmensa la pobreza creció menos que entre 2017 y 2019, cuando subió de 25,7 a 35,5 por ciento”. Es decir: sin pandemia sanitaria de por medio la pobreza creció más durante la gestión de Mauricio Macri.
En esa Argentina convulsionada por las dos pandemias --la generada por las políticas macristas y la producida por la expansión global del virus-- la oposición insiste en no colaborar con iniciativas como la vacunación, que deberían ser políticas de Estado.
Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, por ejemplo, están proponiendo que los privados, las farmacias y las provincias compren vacunas. En lugar de que sea el Estado nacional el que preste ese servicio al conjunto de la población, ellos dicen que es mejor privatizarlo y, por lo tanto, que haya particulares que compren y vendan vacunas. Lo expresó con precisión la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: “Apuremos la vacuna. Dejemos que los privados compren vacunas, que las farmacias compren vacunas, que las provincias compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética y centralizada que al final lleva a un manejo de la vacuna así como quieren”. Sin dudas, un disparate pero que responde a una ideología.
Estamos en una emergencia mundial: en ese escenario, proponer que los privados compren vacunas es intentar instalar el negocio en el interior de una tragedia global. Ello significa, además, que habría quienes estarían en condiciones de comprar la vacuna y quienes no. La consecuencia sería que habría desigualdad en la adquisición de ese bien escaso allí donde debe estar el Estado asegurando la universalidad de la prestación.
En ese proyecto hay una ideología, una manera de ver el mundo y las relaciones humanas. Son partidarios de lo que alguna vez el ex presidente Macri llamó “el Estado canchero”, es decir el Estado que prepara la cancha para que otros jueguen. Es este caso: que el Estado habilite a los privados para que compren y vendan vacunas y que haya una especie de subsidio para quienes no puedan adquirirla. Creemos en lo contrario: en reunir todos los esfuerzos alrededor de una estrategia común conducida por el Estado nacional.
Promovemos a todas las voces durante la deliberación. Convocamos a todos los esfuerzos, luego, cuando llega la hora de ejecutar políticas de Estado.
* Carlos Heller es diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.
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