La jueza Solórzano no anduvo con vueltas y anuló la detención a la defensora oficial. Un juez liberó a la concejal.
La gravedad de las pruebas lo dicen todos. Testigos directos, registros fílmicos y personas presentes detallaban el “choreo” de dos funcionarias salteñas de las donaciones para los wichis. Se trata de Rosa Fabiola Díaz, defensora Oficial Civil de Tartagal y Alejandra Paola Díaz, Concejal de la mencionada localidad.
Ayer, la jueza Virginia Solórzano, del Tribunal de Impugnación de la Sala IV, declaró la nulidad de la resolución que establecía detener de Rosa, luego de que allanaron la inmunidad constitucional de la funcionaria.
Ambas hermanas están imputadas por los delitos de “administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos en perjuicio de Díaz, Alejandra Liliana”, quien denunció públicamente que estas tenían en el domicilio materno las donaciones que iban dirigidas a las comunidades wichis. Y así se constató en el allanamiento del 7 de febrero pasado, donde secuestraron gran cantidad de mercadería.
También llamó la atención que la defensa técnica, con el Dr. Marcelo Arancibia, presentara la propuesta de una medida sustantiva en remplazo de la prisión domiciliaria, la cual fue rechazada ya que a día de hoy Rosa Fabiola Díaz no está detenida.
Así es la Justicia en nuestra provincia. Escandalosamente la jueza Virginia Solórzano ignoró la gravedad institucional de los hechos cometidos y la necesidad de salvaguardar la investigación. En pasillos de la Defensoría señalan que Díaz se jactaba de que su causa quedaría en la nada debido a sus fuertes vínculos con la cúpula del Po der Judicial.
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