Se trata del emprendimiento urbanístico Los Maitines, que a pesar de haber recibido el rechazo de un sector de la población y de la ONG internacional, fue aprobado por ambiente provincial y del municipio.
Greenpeace volvió a escribirle una carta al gobernador Gustavo Sáenz, tratándolo de “cómplice del crimen ambiental en la Selva de Yungas” de la localidad de San Lorenzo por permitir que el emprendimiento urbanístico Los Maitines SA avance sobre un territorio de 125 hectáreas ubicada justo en medio del cerro Elefante y La Quebrada. Según la ONG, la construcción está emplazada sobre una cuenca hídrica y la finca está clasificada en la Categoría Amarilla de la Ley Nacional de Bosques, lo que prohibiría el desmonte.
El desarrollo del country Los Maitines fue fuertemente cuestionado el año pasado por los vecinos de la zona, no solo por el daño ambiental que podría generar, sino porque muchos temen que se agrave aún más la falta de agua que viven cotidianamente, sobre todo quienes están cercanos a Lesser.
También denunciaron la nulidad de la audiencia pública, que se realizó por orden municipal, en plena pandemia y de manera virtual, impidiendo la presencialidad en un momento en que la Secretaría de Ambiente había suspendido todos los llamados.
Sin embargo, la resolución 117/2021 de la Secretaría de Ambiente de Salta aprobó el Plan de Manejo de Bosque Nativo de Interfase, “lo aprueban como plan de manejo de bosque nativo cuando es una urbanización, que según la ley es un desmonte, y no se puede realizar en amarillo”, indicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Mientras que la resolución 01/2021 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Lorenzo le otorgó el certificado de aptitud ambiental aunque desde el municipio aclararon que se hicieron muchos reparos, como bajar la cota de construcción y la cantidad de lotes previstos, “por pedido de la Secretaría de Obras Públicas y para reducir el impacto ambiental”.
Los Maitines SA pertenece a la familia Patrón Costas, su desarrollador, Alejandro Cornejo, confirmó que ya tienen todos los permisos “con restricciones y modificaciones que vamos a tener que hacer ya que la municipalidad nos la exige”. A la vez que renegó sobre el tiempo que llevan esperando las habilitaciones: “A los que optamos por hacer las cosas bien y elegimos el camino más largo nos exigen siempre más que a los que le meten pata sin tener los papeles y luego regularizan”, manifestó. Y añadió que sería bueno que el Estado controle todos los proyectos que se están ejecutando “sin ningún trámite previo”.
Cornejo detalló que aún no comenzaron con las obras en el terreno porque antes están realizando relevamientos y ajustes y subrayó que será “un proyecto modelo”, porque según él, cumple con todos los requisitos ambientales solicitados.
De la resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia se desprende que de las más de 2.000 hectáreas que posee la familia Patrón Costas, la superficie que será destinada al proyecto de urbanización comprende 125, de las cuales poco más de 71 se convertirán en lotes y 40 serán para áreas verdes y de recreación “con mantenimiento de especies nativas”.
La resolución señala que del total de hectáreas que involucra la urbanización (125), al menos 85 “cuentan con mayor potencial de ser intervenidas en cuanto a la presencia de bosque”, y que como no está contemplada la limpieza total de los lotes, “la superficie donde se realizarán las tareas de limpieza de terreno, movimiento de suelo y construcción de infraestructura, oscila entre las 24,5 y las 31,8 hectáreas”.
“Este desarrollo urbanístico implica el desmonte de un ecosistema frágil y único como la Selva de Yungas, que concentra la mitad de la biodiversidad de Argentina. Además viola la Ley Nacional de Bosques, que en su artículo 4 define como desmonte al desarrollo de áreas urbanizadas sobre bosques nativos, y por ende no pueden autorizarse en esa zona protegida. Al autorizar este proyecto, el gobierno de Sáenz es cómplice de la violación de la normativa para cometer un verdadero crimen ambiental”, advirtió Noemí Cruz.
Esta es la segunda vez que Greenpeace envía una carta al gobernador de la provincia reclamando por este desmonte y solicitando que declare la emergencia forestal.
FUENTE:
pagina12.com
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