Habrá que cancelar previamente un anticipo de 20% entre el 23 de marzo y el 28 de abril. Luego son 5 pagos. La tasa de financiación rondaría el 3%.
La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó la posibilidad de cancelar el impuesto a las Grandes Fortunas (Aporte Solidario y Extraordinario) a través de un régimen de facilidades de pago. El organismo estableció que las personas alcanzadas podrán optar entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en cinco pagos mensuales y consecutivos.
¿Cuáles son las condiciones para adherir al beneficio?
“Concretar el anticipo del 20% de la deuda consolidada”, explicó la AFIP en un comunicado. Las cinco cuotas restantes se abonarán el 16 de cada mes a partir del mes siguiente de concretado el pago inicial. El plazo para presentar la declaración jurada de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario es el 30 de marzo. La tasa de financiación para quienes opten por esta vía será la correspondiente a la de los intereses resarcitorios del organismo, hoy cerca de 3,3%.
El impuesto a las Grandes Fortunas alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior. También a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos.
La recaudación será destinada para financiar gastos por la pandemia. Un 20% de la recaudación será destinado a insumos médicos para la pandemia, otro 20% a pequeñas y medianas empresas (Pymes), 15% a desarrollos sociales, 20% a becas estudiantiles y 25% a emprendimientos de gas natural.
El impuesto aplicará una tasa progresiva de hasta 3,5% sobre los bienes declarados en Argentina y de hasta 5,25% sobre los que se encuentren fuera del país.
Se calcula que la ley, impulsada por la administración del peronista Alberto Fernández, permitirá recaudar unos 3.000 millones de dólares. La norma fue cuestionada por la oposición, que la consideró “confiscatoria”. El Senado la aprobó con 42 votos a favor y 26 en contra.
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